Tras unos años en los que la narrativa antiinmigración ha pasado de ser residual a aumentar su espacio en las instituciones, el Consejo Económico y Social (CES) ha elaborado un informe encargado por el Ministerio de Inclusión para hacer un diagnóstico sobre la realidad de la inmigración en España en medio de tanto ruido. Después de varios años de intenso incremento de la población extranjera tras el parón de la pandemia, el órgano consultivo concluye que la inmigración se ha convertido en un factor estructural para el crecimiento económico, el sostenimiento del sistema de bienestar y la cohesión social.

El estudio confirma que el empleo es la motivación principal de la mayoría de los proyectos migratorios: ocho de cada diez personas llegadas a España a lo largo de este siglo se han incorporado a la población activa, concluyen sus estimaciones. “La inmigración, por tanto, sin constituir la solución al envejecimiento de la población, resulta imprescindible para el mantenimiento del crecimiento demográfico y la capacidad productiva en nuestro país, siendo decisiva para el funcionamiento de la economía, el mercado de trabajo y el Estado de Bienestar”, reitera el CES. Por ello, añade, España necesitará 2,4 millones de trabajadores en la próxima década para mantener su capacidad productiva.