El Gobierno español abrirá en abril el plazo para que medio millón de migrantes regularicen su situación, mientras negocia con las comunidades autónomas implicadas. El Gobierno vasco ha presentado alegaciones para garantizar la inserción sociolaboral y formativa, destacando sus competencias en acogida y autorizaciones de trabajo. Defiende el empleo como vía principal de integración y promoverá el aprendizaje del euskera, aunque no como requisito para la regularización. En Catalunya, el Govern plantea exigir el inicio del aprendizaje del catalán para renovar el permiso. ERC señala que el decreto permitirá acreditar el arraigo también mediante el conocimiento de lenguas oficiales.