El Parlamento Europeo ha aprobado la normativa migratoria más dura de su historia para agilizar las deportaciones, motivado por el bajo porcentaje de expulsiones ejecutadas frente a las dictadas. La nueva regulación legaliza la detención de migrantes en situación irregular hasta por 30 meses si no cooperan con las autoridades, y avala su traslado a centros de reclusión fuera de la Unión Europea (a excepción de menores no acompañados) mediante acuerdos con terceros países que respeten los derechos humanos.

Mientras que los sectores de derecha y la Comisión Europea defienden la medida como una herramienta necesaria y eficiente para recuperar el control migratorio tras años de bloqueo, los partidos de izquierda y diversos analistas la critican duramente. Denuncian que atenta contra la dignidad humana, abre la puerta a la reclusión de familias con niños y supone una «ICE-ización» de Europa que externaliza el problema y reducirá la seguridad general.